Ruralistas se reúnen con fuerzas vivas por ordenanza que impida desarrollo de minería.
La Asociación Rural de San José (ARSJ) comenzó la distribución de papeletas para firmar impulsando un plebiscito para la prohibición de la megaminería metalífera a cielo abierto en nuestro departamento. Próximamente se reunirá con autoridades locales planteando ordenanza que prohíba su desarrollo en San José.

La medida de la gremial maragata se circunscribe en la decisión de la Federación Rural del Uruguay (FRU) de apoyar la realización de la consulta buscando modificar la Constitución para prohibir el desarrollo de esta actividad extractiva en el país.

“Estamos cumpliendo el mandato de la FRU, como gremial federada a la misma, y por el cual se están entregando papeleteas para poder concretar las firmas para generar una enmienda constitucional que prohíba la megaminería metalífera a cielo abierto.

La idea es provocar un debate más profundo, más serio, con mayor cantidad de argumentos y –principalmente- escuchar a quienes no comparten esta actividad que se desarrolla en el Uruguay. Hoy solamente se esta informando desde un sector, el oficialista, sobre todos los beneficios que traería la megaminería; pero no se habla de todos los perjuicios y los daños medioambientales que podría provocar esta actividad”; señaló a primera Hora el presidente de la ARSJ Andrés Camy. Vale recordar que para activar dicho recurso se necesitan 260 mil firmas.
Las papeletas ya están a disposición de los productores y demás interesados en el laboratorio de la ARSJ (calle Asociación Rural esq. Suiza). Reuniones. Paralelamente, la gremial maragata continúa llevando adelante diferentes rencuentro con actores políticos y sociales del medio para seguir profundizando en esta temática. Días pasados, los ruralistas se reunieron con las autoridades del centro Comercial y próximamente lo harán con el Intendente José Luis Falero y la Junta Departamental.
“Nos reunimos con el Centro Comercial para informarles de nuestra preocupación, porque cuando al sector agropecuario le va bien todos sabemos como repercute eso en el comercio; porque es un sector que no guarda y reinvierte mucho. Además ya tenemos pautado reunirnos con los ediles cuando vuelva a sesionar la Junta tras el receso y con el Intendente Falero.

Las gremiales de San José, en referencia a este tema, hemos arrimado técnicos avezados en la materia que conocen desde el punto de vista productivo, medioambiental, de ordenamiento territorial y jurídico; y pensamos que podrían ayudar a generar una ordenanza municipal en la cual se prohíba la minería metalífera a cielo abierto”; agregó Camy.

Aguerre: posición de la Rural es “genuina” y “legítima”

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, catalogó de “genuina” y “legítima” la acción adoptada por los ruralistas maragatos. “Me parece totalmente genuino que la gente se exprese. En este país se han hecho muchas consultas, muchos plebiscitos, y me parece legítimo en nuestro estado de Derecho y con nuestro marco constitucional que la gente lo plantee; porque se trata de que la mayoría decida”; opinó sobre la posición de los ruralistas maragatos.
No obstante, el secretario de Estado, que estuvo en San José el pasado lunes, el mismo día en que la gremial dio a conocer su postura, se mostró confiado en el que nuevo Código Minero brinde las garantías suficientes a los productores.

“Hoy hay un código nuevo que contempla una serie de actos que van desde preservar en forma incrementada el derecho a indemnizacion de quienes se vean afectados por esta actividad hasta crear un fondo intergeneracional de inversión para tratar que los recursos que provienen de la minería vuelvan al territorio en obras de desarrollo regional y estratégico.

Obviamente, a quien le toca perder su parcela difícilmente la sociedad lo convenza de que la minería es un avance; pero cuando se hizo la represa de Salto Grande, muchos productores dejaron sus quintas y chacras bajo la represa y hoy todos nos alegramos de tener energía eléctrica.

Esto es algo parecido. El tema es cuidar los aspectos ambientales al máximo, que la explotación indemnice adecuadamente a quienes son afectados generándoles un derecho que sea varias veces superior a lo que obtendría en la producción que se esta teniendo”; acotó Aguerre.
Fuente Primera Hora, Juan Pedro Hernández