Tal cual había informado Primera Hora días pasados, el FA impulsará acciones contra el decreto que restringe la minería si confirma que la medida cautelar vulnera la legislación vigente, para lo cual encomendó estudios a especialistas.

La mesa política de la fuerza de izquierda entiende que la Ley de Minería es clara al establecer que el subsuelo es potestad del Estado, lo que incluye las disposiciones sobre eventuales explotaciones; a la vez que asegura un correcto ejercicio de la actividad extractiva.

Sobre el particular, el presidente de la ARSJ, Andrés Camy, restó importancia al anuncio y aseguró sentirse “tranquilo” de que el decreto aprobado por la Junta Departamental -elaborado por la ISJ, las gremiales agropecuarias y especialistas en el tema- está respaldado por la Constitución. “El asesoramiento jurídico que tuvimos las gremiales que hemos trabajado en el tema, desde un principio confirmó las potestades que da la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en 2008 para mandatar de alguna forma en el uso del recurso suelo.

Aparte, en el congreso, se tuvo la presencia de la Sociedad de Geólogos del Uruguay y de un jurista de primer nivel como Juan Andrés Ramírez, que fue uno de los redactores del Código de Minería, quienes se expresaron sobre los rasgos de inconstitucionalidad que tiene la Ley de Minería de Gran Porte y las irregularidades que hay detrás de este negocio. Estamos tranquilos que se está yendo por donde se tiene que ir, respaldados por la Constitución , por la ley; no así lo ha hecho la Ley de Minería de Gran Porte que tiene rasgos de inconstitucionalidad como ninguna otra, . En vez de tratar de cuestionar esta actitud de la Junta Departamental, nos gustaría escuchar (al FA) haciendo las mismas observaciones sobre esa ley”; indicó Camy.

Objetivo cumplido. En otro orden, el titular de la ARSJ catalogó como un “objetivo cumplido” la realización del 97º Congreso Anual de la Federación Rural en nuestro departamento, en el entendido de que se logró instaurar un ámbito de diálogo para analizar la situación actual del sector agropecuario. “Se cumplió el objetivo de crear un ámbito de discusión entre los productores, las gremiales y el sector político, para generar mayor información sobre la realidad que se vive en el campo. Los presidenciables fueron bastante contundentes en algunas de sus afirmaciones y ven al sector como el motor pujante de la economía; como lo hemos predicado siempre”; señaló.
Uno de los puntos de mayor concordancia entre las gremiales y los políticos fue la oposición a que el agro tenga mayor tributación. “El sector desde 2009 al 2013 ha pagado tres veces más de tributación. El sector creció seis veces menos que la economía nacional en general, por eso hay 12.000 explotaciones agropecuarias menos según el Censo. Los candidatos reafirmaron que se ha recaudado mucha plata por parte del Estado, lo que pasa es que ha sido mal administrada, por eso el colapso en la infraestructura en donde se ha invertido la mitad de lo habitual; y es muy difícil tener buena caminería para sacar la producción sino se invierte en ella”; reflexionó Camy.